FUENTE: EL PAÍS
JOSÉ MARÍA BRUNET
FOTOGRAFÍA EL PAÍS ESPAÑA.

“La actividad delictiva en el ciberespacio” creció casi un 45% en 2019, según recogen las estadísticas del Ministerio Público.

La Memoria de la Fiscalía lanza una alarma sobre el incremento de los delitos informáticos, cuyo crecimiento califica como “imparable”, sobre todo como medio para realizar defraudaciones y estafas. El texto recoge que en 2019 se incoaron en el conjunto del Estado un total de 13.143 procedimientos judiciales por estas categorías delictivas. Dicha cifra supone un incremento del 44,92 % respecto a las incoaciones realizadas en el año 2018, que sumaron 9.069, y de casi el 97 % en referencia a las 6.676 registradas en el año 2017.

“Los indicadores con los que contamos –afirma la Memoria- revelan el imparable crecimiento de la actividad delictiva en el ciberespacio, cuyo porcentaje, en referencia a la criminalidad tradicional y según datos facilitados por el Ministerio del Interior, ha ido aumentando en forma progresiva y constante, desde el 2,1 % en 2011 al 4,6 % en 2016 hasta alcanzar un 9,9 % en 2019, anualidad en que el incremento de investigaciones policiales por ilícitos cometidos en la red se cifra en un 35,8 %”.

La propia Fiscalía aclara, sin embargo, que los datos que se ofrecen no reflejan, ni pretenden reflejar, la totalidad de la actividad delictiva en el entorno virtual, porque un volumen muy importante de ilícitos no llega a conocimiento ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de los órganos de la jurisdicción penal, o porque no son denunciados o porque no son detectados por los cuerpos policiales en sus labores de prevención de la delincuencia. La Memoria explica que “la cifra oculta de criminalidad en el ciberespacio es hoy por hoy difícilmente calculable, dada la complejidad y la propia e insondable dimensión del ciberespacio”. Además, en virtud del propio Código Penal “solamente son trasladados por los cuerpos policiales a los órganos de la jurisdicción penal aquellos atestados en los que la investigación criminal y la determinación de los autores del hecho sea viable, quedando depositadas en las oficinas policiales aquellas actuaciones en las que se entienda no es factible la identificación de sus responsables”.

Los fiscales admiten que estas circunstancias condicionan de forma muy significativa los resultados obtenidos, especialmente en algunas tipologías delictivas como el uso fraudulento online de numeraciones de tarjetas de crédito o débito ajenas, en el que la determinación del autor presenta dificultades muy específicas, o los ilícitos relativos a ataques a sistemas informáticos, en los que la denuncia por parte de los afectados es “todavía poco frecuente”.

La Memoria recoge que en 2019 la actividad delictiva que dio lugar a un número más elevado de investigaciones judiciales y o del Ministerio Fiscal fueron las estafas o defraudaciones, que sumaron 8.611 procedimientos judiciales, lo que supone un 65,51 % del total de los incoados en el año. “Esta preeminencia –añaden los fiscales- viene siendo una constante en la estadística anual, pues debe recordarse que esta misma categoría delictiva ofreció un resultado porcentual del 61,54 % en 2018, 55,63 % en 2017 y 61,35 % en 2016, cifras muy similares pese a la evolución antes referida en el volumen total de incoaciones”. Se puede incluso afirmar que el porcentaje real de investigaciones por estafa/defraudación, respecto del total por ciberdelitos, es significativamente superior al reflejado actualmente en las estadísticas de la Fiscalía.

Explican los fiscales que son “significativas” las cifras que ofrece, al respecto, el Ministerio del Interior, que en 2019 ha fijado en un 88 % el volumen de indagaciones por este tipo de ilícitos respecto del conjunto total de investigaciones que se tramitan anualmente por ciberdelitos. La diferencia entre estos últimos datos porcentuales y los que resultan de la estadística del Ministerio Fiscal en los periodos anuales 2016 a 2019 es consecuencia directa del volumen de denuncias/atestados policiales por estafas/defraudaciones que no llegan a ser remitidas a los órganos de la jurisdicción penal por la inexistencia de líneas de investigación para la determinación de sus responsables.