La Corte Suprema de Justicia de Colombia solicitó detener “de inmediato” la ola de violencia que erosiona las bases del Estado, luego de que el martes por la noche una turba incendiara el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, que fue reducido a escombros.
“Los actos de violencia deben detenerse de inmediato”, expresó la Corte Suprema a través de un comunicado en el que “rechaza rotundamente” la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga, de Tuluá, al igual que los ataques contra sedes judiciales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata, Villavicencio y en localidades del departamento de Cundinamarca.
Tuluá, situada a 94 kilómetros al norte de Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), vivió ayer una noche de terror por la acción de vándalos que, como parte de las protestas contra el Gobierno que ya tienen 28 días, lanzaron cócteles molotov contra el Palacio de Justicia y luego impidieron que los bomberos llegaran a tiempo para controlar las llamas que consumieron la edificación.
Detalló la Corte, que “en momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los ciudadanos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”.
El máximo tribunal agregó que esos ataques “ponen en peligro la integridad de funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona”.
Además, al atacar sedes judiciales, “la destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”, alertó.
También el incendio del Palacio de Justicia en Tuluá trajo a la memoria de los colombianos el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace 35 años en pleno centro de Bogotá.
En esa ocasión, el 6 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, tomando cerca de 300 rehenes, incluidos magistrados, con la intención de hacer un juicio político al presidente de entonces, Belisario Betancur (1982-1986).
Tras una noche de batalla en la que el palacio resultó incendiado y reducido a ruinas, el Ejército completó al día siguiente la sangrienta operación de retoma de la edificación con un saldo de 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema, decenas de heridos y once desaparecidos.
Sin embargo detalló EFE, para detener la ola de violencia que vive el país, y que deja hasta el momento al menos 43 muertos, según cifras oficiales, de los cuales 19 han confirmado que tienen relación con las protestas, la Corte Suprema exhortó a los dirigentes del Comité Nacional del Paro y a los líderes de la nación a reconocerse en una negociación para encontrar soluciones y asumir responsabilidades por esta crisis.
Recalcó la Corte Suprema, que esos líderes deben rechazar “enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras” para “apaciguar la alteración social” y “detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas”.
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