FUENTE: AFP
El Vaticano anunció el lunes una ley que enmarca los contratos públicos en sus gastos internos, una medida inédita destinada a prevenir la corrupción y hacer considerables ahorros en plena crisis financiera debido a la pandemia.
El texto, publicado el lunes, está formado por un centenar de artículos y es el fruto de cuatro años de trabajo.
El papa Francisco fue elegido en 2013 para poner orden en las finanzas vaticanas, una ardua reforma que se ha topado con la oposición en el interior de varios «dicasterios» (ministerios), que gestionan sus fondos de manera muy autónoma y poco transparente.
Un marco para los contratos y los concursos públicos con normas internacionales transparentes, con vistas a una mejor administración de los recursos, es toda una revolución en los entresijos del Vaticano.
– «Normas de transparencia» –
La iniciativa del papa sobre «la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano» centralizará y planificará mejor los gastos, actualmente muy dispersados, al ponerlos en manos de dos autoridades administrativas.
En su introducción, el pontífice argentino destaca que la nueva ley permitirá «reducir considerablemente el peligro de la corrupción».
Esta legislación «retoma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmado (en 2003) en Mérida y sustituye las normas precedentes en vigor en la APSA (Administración Patrimonial de la Sede Apostólica) y en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano» y que ahora se aplica a todos los entes de la Santa Sede, precisa la página web del Vaticano.
La lucha contra la corrupción en el mundo es uno de los principales objetivos del pontificado de Francisco.
Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal del Vaticano y gran especialista italiano de la lucha contra la mafia nombrado en octubre por el papa, destaca que la ley también busca realizar «importantes ahorros» gracias a la competitividad entre empresas.
«El tema de la reducción de costos es muy actual e importante en este momento (…) de graves dificultades económicas para todo el mundo y también para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano», señala el magistrado en la web.
Los Museos del Vaticano –una fuente de ingresos que atrae cada año a cerca de siete millones de turistas– reabrieron el lunes. Su cierre desde el 8 de marzo ha acentuado los problemas financieros de la Santa Sede.
– «Giro importante» –
La aplicación de la nueva ley será controlada por la justicia vaticana, que dispone desde hace poco de una mayor autonomía respecto al papa.
Para el profesor de derecho internacional Vincenzo Buonomo, consejero del Estado del Vaticano, las nuevas normas permitirán zanjar «el problema del despilfarro».
La nueva ley prevé no autorizar los contratos públicos a las personas que fueron condenadas por pertenecer a organizaciones criminales o por delitos fiscales. Asimismo, los proveedores deberán responder a los principios éticos conforme a la moral de la Iglesia.
La nueva normativa deberá evitar los conflictos de intereses familiares en torno a los colaboradores de la Santa Sede.
En este sentido, «el giro es importante», señaló el lunes el vaticanista Iacopo Scaramuzzi, recordando «la costumbre inveterada en el Vaticano» de confiar los contratos externos a parientes o amigos de amigos.
