El Fiscal General de la República, Tarek William Saab instaló este miércoles el Comité por la Justicia de Víctimas del Fascismo 2024 que contempla la atención directa a las víctimas de los hechos violentos ocurridos en el país los días 29 y 30 de julio tras el resultado de la elección presidencial en el país.
Saab recalcó que han sido liberados «225 venezolanos que recibieron medidas cautelares. Pero, a los que se demuestre a través del mismo mecanismo de investigación, culpabilidad, serán sancionados condenados por estos hechos», refirió.
En rueda de prensa, el titular del Ministerio Público recordó que las acciones fascistas dejaron un saldo de 28 muertos y 190 heridos en un intento de «promover en Venezuela una insurrección civil armada, un golpe de Estado».
También detalló que «hubo 75 centros educativos destruidos, 41 centros de salud prendidos en fuego, 254 módulos policiales vandalizados», en torno a estos hechos Saab agregó que el Ministerio Público ha realizado 1.192 experticias, «todas con el debido procedimiento, de la mano con el órgano auxiliar de investigación penal; además han sido realizadas 107 reconocimientos médicos a las personas detenidas o están siendo investigadas».
Recalcó que «ninguna ONG puede atribuirse acción alguna en estas investigaciones porque no tienen nada que ver, no forman parte del proceso penal en curso, pero si lo utilizan para propagandizar en contra del Estado venezolano, grabando y diciendo cosas y luego pedir el financiamiento poder justificar la acción contra la democracia venezolana».
«A ellos no les duele para nada las víctimas aquí presentes», aseveró.
Asimismo, recalcó que habrá justicia «con aquellos que pretendieron escalar en una acción violenta buscando de coartada desconocer unos resultados electorales, ellos son prófugos de la justicia y quieren utilizar a estos mártires… a favor de las 28 personas asesinadas, las 195 personas heridas, 486 bienes publicas afectados todo por el desconocimiento de los resultados electorales instrumentalizas por los comanditos, liderado por Edmundo (González)».
La instalación de este Comité contó con la presencia de familiares de las víctimas de estos hechos violentos; el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Larry Devoe; y la activista de Derechos Humanos, María Eugenia Russian, quien también es la presidenta de la Fundación Latinoamericana de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin).
El Fiscal refirió que «este comité por la justicia ha logrado en este trabajo contactar a los familiares de las víctimas fatales y nos están acompañado 20 víctimas directas», y que «el fin es crear una estructura organizada de las víctimas de la violencia para atender de forma directa personalizada cada caso y así evitar que queden impunes».
«El Ministerio Público, junto al Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, entre otros movimientos. Estaremos siempre al lado de los que necesiten justicia, ese es el principal objetivo de este Comité», reiteró.
