Dr. Julio César Hernández Colmenares
Este año 2021, es otro año electoral. Ya la autoridad competente fijó fecha para la realización del evento que renovará los poderes públicos, ejecutivos y legislativos en estados y municipios, lo cual sin duda despierta gran interés y controversia. El día es el 21 de noviembre. Serán entonces los electores que manifestarán en esa ocasión, su libérrima voluntad de sufragar; ellos escogerán gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, luego de la realización de la correspondiente campaña electoral, dentro de la cual los distintos candidatos deberán escribir y proponer sus respectivas ofertas, para conquistar el apoyo popular, el cual, tal y como están las cosas, no es tan fácil de atraer, aunque no es imposible lograrlo.
Ya la actual Asamblea Nacional Legislativa, escogió los cinco (5) rectores del Consejo Nacional Electoral, que organizarán, dirigirán y supervisarán el mencionado proceso electoral. Por su parte, en los partidos políticos, los dirigentes e interesados en incursionar en la arena electoral de noviembre, sopesan sus posibilidades para enfrentar no sólo al sector de la opinión pública, que considera se debe seguir ausentando de los procesos electorales, por falta de condiciones que desafortunadamente no las conceden de oficio o por gestos de buena voluntad, sino también a los lógicos adversarios de las distintas organizaciones partidistas que en alianza o de manera individual competirán.
Paralelo a los anteriores análisis, las distintas promesas u ofertas que se hagan por los candidatos, deben ser serias y factibles, esto es, las actitudes de los candidatos, deben ser de respeto y de responsabilidad hacia el ciudadano común; asimismo sus propuestas deben ser factibles, en el corto y mediano plazo o también los instrumentos legislativos que se propongan y puedan sancionarse, deben recoger y exhibir normas que tengan aceptación social por su pertinencia o eficacia. En fin, independientemente del cargo de elección popular al cual se pueda optar, unos referentes de los candidatos a nuestro juicio, deben ser la mesura, la consulta a las ciencias administrativas, fiscales y jurídicas.
Uno de esos elementos característicos de la ciencia administrativa, que resulta fundamental a la hora de comprometer a un candidato, con su electorado y viceversa y que nos interesa destacar en este escrito, es el presupuesto público. El conocimiento de este instrumento de planificación, resulta vital antes y después de una elección, porque imagínense ustedes un candidato ofreciendo obras, bienes, servicios o leyes que indudablemente tienen incidencia presupuestaria o impacto financiero, sin conocer los montos de los cuales pueda disponer o aún conociéndolos, los mismos resultan deficitarios o insuficientes para cubrir enteramente lo que haya podido prometer y sin saber tampoco cómo puedan estar las reservas del tesoro regional o municipal.
Los candidatos que puedan asomarse a la palestra electoral este año, deben entender que así como tienen que estar actualizados en métodos publicitarios o en el manejo de redes sociales, de la misma manera lo tienen que estar en materia presupuestaria, pues de su conexión con las comunidades, con la gente o con la misma sociedad, dependerá que puedan identificar con certeza, cuáles son las obras, bienes y servicios que aquellas necesitan con más apremio o de la manera más sentida; lo que seguramente significará para esos dirigentes o candidatos, mayor confianza, credibilidad y respaldo entre la ciudadanía, interesada siempre en gozar de una mejor calidad de vida.
Entonces al encontrarnos a sólo meses de un gran proceso eleccionario, los señores candidatos deben comprender que en sus agendas los temas presupuestarios, resultarán las más útiles herramientas para la acción socio-política, ya que a través de ellos, se diseñan y ejecutan acciones de diversa índole en las comunidades, preferiblemente a corto y mediano plazo, a causa del enorme problema monetario que confrontamos con la mortificante devaluación, con cuyas consecuencias deberán lidiar pacientemente quienes resulten electos gobernantes o legisladores, quienes también deberán estar preparados para mostrar en la administración de los mismos, un espíritu de análisis profundo e interpretaciones sinceras de la realidad que vivimos.
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